Comúnmente reconocemos en el presidente Alan García al jefe de Gobierno y menos perceptiblemente, en la práctica, al jefe de Estado, cuando debería ser al revés.
En efecto, el presidente debiera ser más un jefe de Estado que un jefe de Gobierno, cargo este que bien tendría que ser administrativamente asumido cada vez más por el primer ministro.
De esta manera el presidente evitaría desgastes propios del día a día gubernamental y se recostaría en la reserva de confianza pública que por lo general entraña una jefatura de Estado.
Como ha ocurrido con sus predecesores, García también encarna a la nación, constitucionalmente.
Por lo visto, nuestro sistema presidencialista le asigna así toda una trinidad de poderes. Y claro que depende de él saberla usar y administrar en un solo puño o más democráticamente, delegándola.
Las necesidades de desconcentración del poder en el país aconsejan, sin embargo, encontrar en nuestro sistema presidencialista fórmulas adecuadas de distribución de funciones y tareas capaces de hacerlo más útil y eficiente.
Con la experiencia de haber cedido algunos tramos de poder en lo que va del ejercicio de su régimen, en su primer ministro de turno, el ahora renunciante Jorge del Castillo, García ha sentado el buen precedente de lo que se supone delegar el gobierno del día a día y de reivindicar la jefatura de Estado.
En vísperas de la designación del reemplazante de Jorge del Castillo y de la consiguiente recomposición del Gabinete Ministerial, García tiene que hacer más nítida esa separación de roles, que por supuesto no tiene que estar en función del ejercicio del poder por el poder sino de la administración eficiente del Gobierno y del Estado, en sus respectivas competencias.
Si bien esta separación de roles debería formar parte de una eventual futura reforma constitucional, su práctica por delegación viene a constituir una salida importante y decisiva al problema de un presidencialismo monocéntrico que termina por morderse la cola.
Una buena separación de roles, entre jefatura de Gobierno y jefatura de Estado contribuirá por último a un mejor balance de poderes y a una mejor relación del Ejecutivo con los demás poderes públicos, como el Congreso y el Poder Judicial.
Desde una real y efectiva jefatura de Estado García estará en mejores condiciones para generar los horizontes de mediano y largo plazo que necesita el país y de los que el gobierno del día a día se desentiende todo el tiempo por la propia absorción de sus energías.
autor: JUAN PAREDES CASTRO
medio: EL COMERCIO/ publicado: 11 DE OCTUBRE DE 2008
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